Desde que Platón en su República planteara la Justicia como una de las virtudes fundamentales, la base de las demás, se ha considerado como una de las metas a conseguir por la sociedad. Sin embargo, fue en la primera revolución industrial cuando este concepto, ya con su adjetivo de Social, cobra toda su fuerza y su sentido. En esta últimas décadas, la preocupación se incrementa, de tal forma que Julián Marías llegó a decir que "el siglo XX no sería entendible sin ese término" (Marías, 1974: 7). Con la globalización, los movimientos migratorios y la crisis, las desigualdades se hacen más complejas: género, clase social, cultura, lengua materna, capacidad, orientación sexual... se erigen como causas de exclusión. La brecha entre norte-sur, ricos y pobres, nativos-inmigrantes, más capaces-menos capaces... se acrecienta, pero también la sensibilidad por construir una sociedad más justa. Con esos antecedentes, el movimiento ciudadano, ya internacional, de los Indignados está más que justificado. Sin embargo, además de indignarse, hay que actuar.
Y en ese contexto, la educación juega un papel fundamental. Lejos quedan los planteamientos pesimistas de que la escuela es un mero instrumento de reproducción social, como defendían tanto los Informes Coleman (1966) y Plowden (1969) como los sociólogos franceses (Bourdieu y Paseron, 1972). La escuela, por un lado, es el instrumento que utiliza la sociedad para legitimar las injusticias a través de su competencia para otorgar y denegar títulos (Connell, 1997) y, por otro lado, ha quedado demostrada su capacidad para compensar las diferencias de partida y contribuir a la movilidad social.
De esta forma, es necesario recuperar el concepto de Justicia Social en la educación, últimamente sustituido por equidad educativa -mucho más restrictivo y menos ambicioso-, y situarlo en primer término de la agenda política y social. Ya no es suficiente que los niños, niñas y adolescentes aprendan Lengua o Matemáticas, como nos recuerda PISA, es preciso que las escuelas contribuyan a la construcción de una sociedad más justa.
En este número monográfico de REICE. Revista Iberoamericana de Calidad, Eficacia y Cambio en Educación se aborda el tema de la Justicia Social en Educación desde diferentes perspectivas.
En el primer artículo, de carácter marcadamente propedéutico, los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, F. Javier Murillo y Reyes Hernández Castilla, se sumergen en la compleja tarea de definir qué es eso llamado Justicia Social. Comenzando con Platón y acabando con las últimas aportaciones internacionales, estos autores intentan dar una visión diacrónica y didáctica de las distintas contribuciones que han conformado esa poderosa idea.
Eva Gamarnikow, especialista en Educación para la Justicia Social y coordinadora del Máster en Justicia Social y Educación del prestigioso Institute of Education de la Universidad de Londres, aborda con su artiículo El derecho a la Educación en el Gobierno y las políticas sobre Derechos Humanos: Informando y supervisando la Educación Intercultural, el tema de la creciente multiculturalidad desde la perspectiva de las políticas públicas y el planteamiento de los derechos del niño. Su objetivo es explorar cómo responden los países europeos a la obligación, según los derechos humanos, de desarrollar la educación multicultural o intercultural. El trabajo se basa en los informes periódicos presentados al Comité sobre los Derechos del Niño, para analizar los discursos de los países europeos en el creciente multiculturalismo y el cambio educativo. El foco de la discusión se sitúa sobre las tensiones y ambigüedades discursivas en las políticas educativas del Estado producidas por los imperativos contradictorios de los sistemas educativos nacionales, históricamente comprometidos con la transmisión de la identidad nacional, y de la educación intercultural.
Gabriela J. Krichesky, Cynthia Martínez-Garrido, Ana María Martínez Peiret, Alba García Barrera, Adriana Castro Zapata y Anita González Bustamante, investigadoras del Grupo "Cambio Educativo para la Justicia Social", de la Universidad Autónoma de Madrid, plantean con su artículo las bases para elaborar un programa de formación de docentes sobre Justicia Social. Para ello, sugieren la necesidad de generar espacios de aprendizaje colaborativos, críticos, reflexivos y políticamente comprometidos con la mejora de las oportunidades de vida de los estudiantes y la sociedad en su conjunto.
Aún siguiendo la formación de profesionales, desde una visión radicalmente diferente, Wagner Andriola, aborda el debate en torno a la relevancia de la formación de profesionales de prisión en el área de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA). Presenta los resultados de una evaluación sistemática realizada a un curso de mejora en EJA, destinado a 300 funcionarios de la prisión de Ceará, en Brasil, enfocado en los procesos y productos.
El ámbito de la Justicia Social en la Educación Infantil es el tema de estudio de Rocío García-Peinado, Ana María Martínez Peiret, Carla Morales Pillado y Jessica Vásquez Sepúlveda, del Grupo de Investigación "Cambio Educativo para la Justicia Social", de la Universidad Autónoma de Madrid. En su texto muestran que la función que los profesores de infantil pueden cumplir supone un papel fundamental en la consecución de una educación más justa que supere las discriminaciones y desigualdades que marginan y excluyen a los niños pequeños como pieza más vulnerable de la población.
En su artículo, la profesora Marta Sandoval presenta una extensa revisión bibliográfica sobre la temática de la voz de los estudiantes desde el marco de la investigación inclusiva considerando que las visiones, perspectivas y apoyos representan aportaciones de inestimable valor para construir una escuela para todos. Expone y analiza las modalidades de participación del alumnado en la investigación educativa, centrándose especialmente en la consulta y en los alumnos como investigadores por ser ambas las formas más frecuentes recogidas en la literatura. Aborda, de forma específica, la participación de los alumnos en riesgo de exclusión educativa, y señala algunos obstáculos que los investigadores encuentran cuando llevan a cabo estudios de esta índole.
En el artículo del portugués Nuno Silva Fraga, el octavo de este número monográfico, se aborda el "Presupuesto para la Participación" (PP), entendido como una estrategia de educación para la ciudadanía, que promueve prácticas y acciones participativas y democráticas. Mecanismo que, según el autor y desde la perspectiva del gobierno de una ciudad, actúa a favor de la Justicia Social.
El artículo titulado Estrategias de comunicación para el descubrimiento y uso de Recursos Educativos Abiertos, de los profesores mexicanos Reyna Rivera Morales, Alejandro López Ibarra, María Soledad Ramírez Montoya, aborda la difusión del movimiento de Recursos Educativos Abiertos (REA) como respuesta a la disminución del rezago educativo y la brecha digital. A través de una investigación de corte cualitativa estudian qué estrategias de comunicación pueden ser usadas para potenciar el uso de REA en un ambiente de enseñanza innovador. Sus resultados muestran que entre esas estrategias se encuentran el uso de un plan de comunicación combinando comunicación interpersonal y electrónica, segmentando públicos y medios, y atendiendo otros elementos estratégicos como: motivación, claridad de los beneficios para generar mayor participación, liderazgo en la implementación, agentes de cambio que detonen mejoras educativas, actitudes docentes ante las innovaciones, las instituciones como facilitadoras de infraestructura tecnológica, los docentes como mediadores y generadores de nuevas estrategias de enseñanza, así como el rol activo del alumno en la adquisición de nuevos saberes.
Por último, Patricia Nakamura, de la Universidad de Nagoya en Japón, estudia en su artículo la integración de las familias peruanas en la escuela pública japonesa y los factores que estarían influyendo en este proceso de integración. Según los resultados de su estudio cualitativo, demuestra que más allá de factores prácticos como el idioma y la falta de información; existen otros factores relacionados con el capital cultural y la clase social de las familias que estarían influyendo en la relación familia-escuela.
Este número supone el punto de partida de una nueva revista que editará el Grupo de Investigación "Cambio Educativo para la Justicia Social" (http://www.uam.es/gice), en colaboración con la Red Iberoamericana de Investigación sobre Eficacia y Cambio en Educación (RINACE): la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (http://www.rinace.net/reijs). Esperemos que con su nacimiento, previsto en febrero de 2012 sigamos colaborando en la construcción de un mundo más justo e inclusivo a través de una mejor educación para todos y todas.
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