En el marco de la investigación en curso, Autonomía y legitimidad de la educación superior en América Latina, un estudio comparado que adelanta un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Colombia, el análisis de la incidencia que las políticas y prácticas de evaluación de la docencia han tenido en la autonomía y la legitimidad de las universidades públicas, constituye el tópico central de esta ponencia.

La multiplicidad de funciones que la sociedad de fines de siglo atribuía a las universidades públicas generó algunas contradicciones que tipificaban tres tipos de crisis: de hegemonía, de legitimidad e institucional (Santos, 2006) que inciden en la autonomía universitaria, la que puede ser rastreada alrededor de dos ejes de tensión: la producción de sentidos sociales y societales o la formación de la fuerza de trabajo y generación de mercancías cognitivas (Múnera, 2008). Desde este marco de análisis, se busca caracterizar cómo la evaluación y la acreditación afectan la autonomía y la legitimidad en algunas universidades de la región.

La “compulsión de la evaluación” como rasgo característico de las actuales políticas de modernización vinculadas a las prácticas de financiamiento, desarticuladas a su interior, con una visión técnica y poco conceptual y en la que se ha cancelado su dimensión pedagógica (Díaz-Barriga, 2008: 30-31), ha convertido en un fetiche a la evaluación en las universidades públicas (Granovsky, 2003), por cuanto se usa más como instrumento de información y control que como integrante de procesos de mejoramiento individual, colectivo e institucional (Rodríguez, 2008). Para legitimarse y responder a las exigencias del mercado y de los gobernantes, la universidad pública recurre a un refinamiento cada vez mayor de la información que suministra, ajustándose a requerimientos externos y perdiendo así su autonomía. La evaluación de la docencia no escapa a esta dinámica. Al centrarse principalmente en aspectos laborales y económicos de las relaciones entre las personas naturales y las instituciones, tanto los procesos como los contenidos, se orientan hacia una valoración del individuo sin constituir un aporte significativo para el desarrollo personal e institucional. Asimismo, al separar la evaluación de la docencia de la evaluación integral de las otras funciones académicas, institucionales y ciudadanas de los profesores universitarios no contribuye a hacer de la valoración del desempeño un asunto vital para profesores y universidades; sino que, por el contrario, agudiza las segmentaciones que ya de por sí han propiciado el Estado y el mercado y la convierte en un ritual vacío (Rodríguez, 2008).

Evaluación de la docencia, autonomía, legitimidad, universidad pública.