La temática de la sección monográfica del presente número “Inclusión en la Educación Superior” es relativamente novedosa en el ámbito de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, tema al que aluden la mayoría de los artículos de este número.

Si bien hay graduados universitarios con discapacidad, que han culminado sus estudios con gran esfuerzo personal; la consagración de sus derechos, especialmente el de la educación, permite la llegada de grupos cada vez más numerosos de personas con discapacidad a las instituciones de Educación Superior. Se han generado así multitud de problemáticas al interior de las instituciones, algunas de ellas ya conocidas y otras que interpelan por el verdadero acceso a la educación en este nivel educativo. En consecuencia, se han producido transformaciones de dispositivos organizacionales y estrategias para derribar las barreras existentes. Este desafío incluye no solo el trabajo relacionado con las personas con discapacidad (ya sean estudiantes, docentes y no docentes) sino las intervenciones que implica una universidad accesible: abordar lo académico, la gestión, lo comunicacional y urbanístico. Asimismo la transversalización de la temática en áreas de la comunidad universitaria y su incorporación en la currícula. De esto dan cuenta la variedad de artículos que presentamos en este número, el cual ofrece una perspectiva abarcadora, pero necesariamente limitada e incompleta, de las preocupaciones, intereses y acciones en pos de lograr el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la educación superior en América Latina. Podríamos decir entonces, que este número brinda apenas unos puntos de referencia que permiten apreciar la marea que lentamente, a través de una lucha ideológica intensa y arduas labores de gestión, va permeando nuestros centros de educación superior, instalando nuevas concepciones acerca de las personas con discapacidad, sus posibilidades y derechos.

El primero de estos puntos referenciales es el de la consagración de derechos a través de la legislación de los países y el compromiso que estos han asumido al ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. La mayoría de los trabajos que aquí se presentan se sustentan en el enfoque de derechos. Importa destacar esta referencia, ya que es demostrativa de una nueva manera de pensar la situación de las personas con discapacidad. Sus derechos emanan de su condición de seres humanos, de personas, que los iguala a todos los otros seres humanos. No existe desde este punto de vista nada en la circunstancia de tener una discapacidad que los haga sustancialmente diferentes de otros seres humanos. Se rompe así con la idea de una humanidad normal opuesta a una anormal; son formas, circunstancias vitales del ser humano. Se trata entonces de hacer respetar los derechos consagrados, y esta es una lucha política al igual que la que llevan adelante otros grupos discriminados socialmente por razones de etnia, cultura, género, etc. y que tiene expresión en la constitución de grupos, redes, instituciones con el objetivo de disputar poder para hacer valer estos derechos y construir prácticas realmente inclusivas.

El segundo de estos puntos referenciales estriba en la convicción de que la noción de discapacidad es una construcción histórica, cultural, no “natural” y, por lo tanto, sujeta a la interpretación histórica y pasible de ser analizada desde sus implicancias políticas, económicas y culturales, lo que ha permitido la emergencia de nuevos constructos fundamentados en los Disabilities Studies, en la concepción social de la discapacidad, en los estudios y las pedagogías de las diferencias, que propugnan, mediante un minucioso trabajo de crítica filosófica, una ruptura cultural sustantiva: abandonar la matriz de pensamiento positivista, de raíz organicista, biologicista, de opciones dicotómicas; para reemplazarlo por concepciones de la discapacidad alejadas de la división de normalidad/anormalidad y entenderla como una de las formas posibles de la existencia de los seres humanos, despojada de concepciones valorativas sobre su capacidad y productividad, poniendo en tensión la ideología de la normalidad. Estas son las reflexiones que se imponen en los primeros trabajos de este número y que buscan establecer el contraste entre la situación de progresiva exclusión social que golpea a la mayoría de los países atados a la lógica del capital financiero, y las exigencias de inclusión que se proponen para el sistema educativo.

En realidad no se trata de una situación nueva. La lógica positivista biologicista, dicotómica, tecnocrática estuvo tradicionalmente al servicio del desarrollo del capital en sus diferentes etapas, a través de procesos de selección social, al principio basado en las características raciales de los grupos y posteriormente en la pretendida existencia de una inteligencia meramente biológica, innatamente determinada. Cabe entonces tomar seriamente la advertencia de numerosos autores que alertan contra el escamoteo discursivo que oculta tras una retórica de corrección política la pervivencia de viejas formas de pensar. El trabajo de Andrea Verónica Pérez, “Educación Especial y alteridad: en busca de lo común”, analiza con sutileza como nuevas formas discursivas montadas sobre términos como inclusión, necesidades educativas especiales, inciden en la formación de los nuevos docentes inculcando las nociones de discapacidad como disvalor, como lo no deseable, como algo que debe curarse o superarse.

Otro eje de lectura vinculado al debate sobre la inclusión educativa nos propone reflexionar históricamente sobre las instituciones de educación superior. Su origen y mandato fundacional fue la formación de elites, sus características el cientificismo y academicismo, la meritocracia y el verticalismo; orientadas a la formación de profesionales liberales, para desempeñarse en un mercado laboral pretendidamente aséptico y desregulado. Si bien muchos de los países de la región realizan ingentes esfuerzos por la ampliación de la base social de la Educación Superior, considerando que la educación no es un bien de consumo sino un bien social que mediante la acción estatal debería ponerse a disposición de todos los ciudadanos, muchos de aquellos rasgos atávicos todavía las caracterizan y orientan sus políticas y prácticas, desalentando el ingreso y permanencia de diversos grupos sociales que encuentran en estos formatos barreras poco menos que infranqueables. Las luchas de los colectivos de estudiantes, docentes y otros grupos que defienden la gratuidad de la educación, el libre ingreso, presupuestos adecuados, salarios y condiciones dignas de trabajo, así lo ratifica. De esta situación da cuenta el artículo de Alexander Yarza, Henry Rojas y Jhuranny López “Discapacidad y educación superior: las contiendas por la participación y la ciudadanía en las reformas neoliberales de la Universidad y la educación superior en Colombia”, que propone un marco epistemológico (estudios decoloniales) para analizar el campo de la educación superior y la participación de los colectivos de personas con discapacidad, ejemplificando en Colombia las luchas de la comunidad educativa, especialmente estudiantil, contra la imposición del modelo neoliberal con su secuela de privatizaciones y deterioro de las condiciones laborales y académicas. Un caso análogo de luchas por los derechos en la Educación Superior es el referido por Jaime García y Patricia Jáuregui en su artículo “Interculturalidad y educación superior en México; panorama del estado actual, el cual hace referencia a las comunidades indígenas mexicanas y su lucha por ingresar al sistema de educación superior en Universidades Interculturales.

Un cuarto punto de referencia es el de la medición de la incidencia de la discapacidad y el de sus consecuencias sobre la calidad de vida de las personas. El primer dato que surge es el de la precariedad de la información: datos insuficientes, parciales, poco representativos, y aún contradictorios, son muestra de las dificultades de los investigadores a la hora de su utilización, como de la necesidad de más y mejores investigaciones de campo. Sin embargo existen coincidencias significativas, incluso en diferentes países, que muestran la existencia de estas barreras: la participación de las personas con discapacidad en la Educación Superior (tanto ingreso, permanencia como graduación) es en cualquiera de las mediciones significativamente inferior a la de la población sin discapacidad. Como también hay coincidencias regionales e internacionales en destacar otros datos respecto de la población con discapacidad, que muestran el deterioro de su calidad de vida, como la pauperización, la mayor desocupación o subocupación, el bajo acceso a los servicios de salud, a vivienda digna, a actividades recreativas y de ocio. Bibiana Misischia en su trabajo “Derecho a la educación universitaria de personas con discapacidad, señala a través de datos aportados tanto por organismos internacionales como de estudios realizados en Argentina la gravedad y profundidad de estas asimetrías. Es de especial interés el relevamiento de información sobre la participación de personas con discapacidad en la educación superior en Argentina según datos del Ministerio de Educación y los organismos estadísticos. Incluye además trabajos que se refieren a mediciones realizadas en otros países de la región como Colombia y Chile.

Por último, son referencia de varios trabajos las barreras que aparecen en las instituciones de Educación Superior y las estrategias que se han adoptado para derribarlas. En este panorama puede advertirse la complejidad de la problemática, así como las diferentes concepciones desde las que se las aborda, generando así un cúmulo de experiencias que responden a la diversidad de contextos y condiciones de aplicación y generación de nuevos conocimientos y prácticas, a partir de múltiples dispositivos para la investigación y la acción. Para advertir esta complejidad deberíamos atender a las diferentes áreas de la actividad social que están comprometidas en estos dispositivos: académica, científica, ideológica, jurídica, institucional, de políticas públicas, pedagógica, comunicacional, etc. En este contexto el artículo de María Castignani, Paula Hanlon, María Innaro, Sandra Katz y Mabel Peiró, “Comisión Universitaria sobre Discapacidad: una experiencia de gestión en la Universidad Nacional de La Plata”, describe el proceso realizado en la UNLP en donde se menciona, sin agotar las posibilidades, las comisiones de trabajo creadas: Accesibilidad a la tecnología de la información y comunicación, Accesibilidad urbana y edilicia, Salud y seguridad social, Bibliotecas accesibles, Capacitación, Áreas pedagógicas, Investigación, Comunicación y medios. Historizan la experiencia de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad a partir de la formación hace trece años de una comisión y las vicisitudes de su desarrollo en las distintas unidades académicas, y en relación con la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y DDHH.

En el marco de la Educación Superior aparecen algunas problemáticas específicas del nivel que deben ser investigadas y atendidas. El trabajo de Rose Mery Gómez, “La inclusión de la persona sorda a la educación superior”, nos propone un recorrido por el complejo cúmulo de barreras que enfrentan los estudiantes sordos (que en algunos aspectos podrían generalizarse a estudiantes con otras discapacidades), destacando que no sólo se trata de obstáculos financieros, administrativos, de gestión, sino también del desarrollo de las herramientas culturales que hacen posible los apoyos y que requiere la preparación de los intérpretes para acceder al lenguaje complejo y altamente especializado de algunos de los cursos universitarios. No se trata sólo de un problema de capacitación, ya que en algunos casos el común de los intérpretes no maneja estas señas tan específicas y podríamos suponer que tampoco se utilizan en algunas de las lenguas de señas, ya que estos son las primeras personas sordas en acceder a estas especialidades académicas.

Entre los dispositivos que habitualmente son referidos en los trabajos merecen destacarse las diversas formas de grupalidad, y especialmente el rol de las redes sociales y académicas en la elaboración de nuevas perspectivas de abordaje de las barreras de distinto tipo. Estas redes tienen un enorme potencial de socialización y concientización de los problemas, como así también de generar compromiso de los participantes en su solución. Muchas veces surge de manera casi espontánea como forma de empoderamiento y confluencia de acción para el logro de objetivos consensuados, para el intercambio de información sensible para el ejercicio de derechos, para potenciar la acción académica, el desarrollo de la investigación. Una lectura atenta a las experiencias presentadas nos permitirá percibir que los dispositivos organizacionales que permiten su realización están constituidos por redes de diferente alcance y amplitud, desde las intercontinentales, nacionales, interuniversitarias, intrauniversidades, así como por grupos actores (investigadores, extensionistas, docentes, estudiantes con discapacidad, etc.).

Asimismo el presente número, incluye varios artículos que abordan un aspecto importantísimo y sensible: las experiencias, investigaciones, dispositivos y estrategias utilizadas para eliminar o minimizar las barreras al acceso, permanencia y graduación de los estudiantes con discapacidad. El trabajo de Sandra Mella, Nicole Díaz, Stephanie Muñoz, María Orrego y Carolina Rivera, Percepción de facilitadores, barreras, y necesidades de apoyo de estudiantes con discapacidad en la Universidad de Chile” consiste en una investigación exploratoria que tiene como objetivo avanzar en el conocimiento de la población estudiantil con discapacidad (visual), identificando la percepción que tienen de los facilitadores y barreras que han influido en su ingreso y permanencia.

Por su parte, el artículo de Carol Andrea Bernal, “Diversidad, interculturalidad e inclusión en la educación superior: creación de un programa de extensión como alternativa de avance en la toma de conciencia y eliminación de barreras actitudinales”, aborda una experiencia de aplicación del Índice de Inclusión de Booth y Aincow (2000), en la Educación Superior de Colombia con la participación del colectivo de estudiantes universitarios Afrocolombianos. María Lissi, Valentina Onetto, María Zuzulich, Marcela Salinas y Maribel González, en “Aprender a través de enseñar: análisis de la experiencia de tutores de estudiantes con discapacidad sensorial o motora, en un contexto universitario”, muestran las potencialidades que ofrecen los sistemas de tutoría entre pares para el aprendizaje a nivel superior, en este caso la experiencia tiene lugar en la Universidad Católica de Chile y busca apoyar el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad sensorial o motora. Por último, Ingrid Sala, Sergio Sánchez, Climent Giné y Emiliano Díez, “Análisis de los distintos enfoques del paradigma del diseño universal aplicado a la educación” examina la aplicabilidad de los principios del paradigma del Diseño Universal de Aprendizaje en las aulas, a través de un exhaustivo estudio bibliográfico, y la posibilidad de que estas propuestas constituyan herramientas eficaces para el desarrollo de prácticas inclusivas.

Sin duda quedan temas vacantes , discusiones pendientes que no han sido consideradas en este número y sería deseable incluir en uno próximo: la formación de formadores de la educación superior en los principios de la educación inclusiva; el currículo desde dos puntos de vista: el de las adecuaciones académicas y el de la incorporación de contenidos relativos a las personas con discapacidad y sus derechos en la formación de los profesionales en las carreras de grado; y la participación y necesidades de aquellos que trabajan en la instituciones de educación superior: docentes, personal administrativo y técnico.

Esperamos que esta producción de autores latinoamericanos ayude a seguir generando puntos de encuentro y debates, que sus voces, experiencias, reflexiones e investigaciones acompañan las transformaciones urgentes y necesarias para que las educación sea un bien público y social